Un año electoral con crisis política incluida contrasta con un crecimiento de 4.1% en 2015, gracias a la solidez de la banca y el comercio. Pese a necesitar credibilidad y transparencia como nunca, Guatemala se aferra a su tejido empresarial competitivo y a su histórica disciplina macroeconómica.
Quien observe fríamente los números de crecimiento real en la economía guatemalteca, no notaría que fue un año de denuncias judiciales y escándalos de corrupción.
La misma inercia dirige la economía. Y no sólo el retail tuvo un buen año. “Los servicios financieros son la actividad que proyecta mayor crecimiento para 2016: 9% contra 12% de 2015, y concentran 15% del PIB. Seguidamente, figura la generación de energía eléctrica, con un crecimiento de 4.5%”, describe José González Campo, presidente de la principal gremial del sector privado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
“La banca lleva unos cinco años como sector de mucha potencia, rentabilidad alta y liquidez. En 10 años se ha duplicado la bancarización de la economía”, complementa Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica.
De manera que las empresas que prestaron servicios, maquinaria o bienes a los sectores que crecieron durante 2015 fueron las que mejor iniciaron 2016. J
Por el contrario, los sectores de minas y canteras —asociado al tema de conflictividad social— y la construcción frenarán su crecimiento. Este último tendría una proyección de apenas 2.8% de crecimiento (frente a 3.4% de 2015), principalmente por un tema de permisos y burocracia, más que de mercado, estima Godoy.
Componente corrupción
Con este contexto de inversión a nivel interno y externo, cabe la pregunta: ¿se ha mantenido la crisis política y de transparencia al margen de la economía?
Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desenmascaró, junto con el Ministerio Público, el caso de defraudación tributaria conocido como La Línea —abril de 2015—, una desbandada de capturas, casos de corrupción y procesos judiciales no ha sido indiferente al clima de negocios del país.
A nivel de inversiones, según el politólogo Renzo Rosal, se entrevén dos mensajes. Por un lado, dice, el país logró destapar cuerpos ilegales en el poder a todo nivel: empresarios, exministros, diputados, alcaldes y hasta el expresidente. Pero, por otro, “se evidencia que este país está altamente contaminado” y que operar por medio de sobornos, por mucho tiempo, fue “pan de todos los días”.
Así que, pese a la dura transición política, la inversión siguió fluyendo y el consumo se mantuvo dinámico, sobre todo en un año que coincidió con la caída histórica en los precios de las materias primas.
Pero esto no quiere decir que la crisis política no afectó el bolsillo del empresario, aunque sea de forma indirecta. Emilio Méndez, uno de los emprendedores más emblemáticos, cree que los casos de corrupción denunciados sí afectaron los negocios. Al menos los suyos.
“El año fue marcado por el tema político y fue más difícil de lo que esperábamos. El 2016 inició con la misma inercia, con un crecimiento muy mesurado”, afirma.
El esquema de alianzas público-privadas resulta el más viable para el desarrollo de infraestructura, desde la perspectiva empresarial. En el caso de Guatemala, se coordinan a través de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
En esta línea, Juan Pablo Carrasco, de AmCham, señala que el Portafolio de Inversiones de Alianzas Público-Privadas compila una cartera de proyectos, cuya inversión asciende hasta 9,000 mdd. Dichos proyectos incluyen desde un tren de cercanía, hasta un puerto seco intermodal (Tecún Umán), pasando por mejoras viales y aeroportuarias. También una red nacional de transporte de gas natural.
“Pero antes de ejecutar todos esos proyectos, hay que construir mecanismos de gobierno y transparencia, porque cuando se vayan a licitar, la población no va estar tranquila de que se va a negociar sobre la mesa (y no debajo de ella)”, insiste Godoy.
Con tan sólo unos meses transcurridos del nuevo gobierno, ya los empresarios resienten la ausencia de señales para incentivar la inversión.
González Campo, de Cacif, urge la promoción de clústeres productivos específicos y la selección de los territorios que pueden ser destinos de nuevas inversiones.
Sostener la credibilidad del Estado es, entonces, el primer reto de la economía para terminar de “desmarcarse” completamente del fantasma político de 2015. Con esto vendrá la certeza que tanto piden los empresarios. “Si tenías que pagar a alguien para poder instalarte en Guatemala, eso genera un gran desincentivo a la inversión”, añade Godoy.
Artículo completo publicado en Revista Forbes
