La corrupción entra por los partidos

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GUATEMALA.- En una audiencia que tomó aproximadamente tres semanas, el Tribunal de Mayor Riesgo B procesó a finales de julio a quince inversionistas por financiar ilegalmente la campaña electoral del partido que llevó al poder a Otto Pérez Molina en Guatemala.

La cúpula del Partido Patriota (PP) fue acusada de recibir y ocultar a la autoridad electoral, fondos que luego se utilizaron para lavar dinero.

La Fiscalía definió al grupo político como “una maquinaria de lavado de activos diseñada para captar fondos durante la campaña del 2011”. La estructura siguió funcionando en el Gobierno de Pérez Molina y diligenció al menos 450 contratos ilegales dentro del Estado, según las evidencias.

Un mes antes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) definió al partido como una “estructura criminal mafiosa que cooptó el poder por la vía de las urnas”.

Un sistema ‘perverso’
El escándalo del PP, que involucra a todos los canales de televisión abierta del país, a altos ex funcionarios y a banqueros y empresarios, es solo un síntoma de un sistema democrático que devino, según los analistas, en un “mercado político”.

Gastos desproporcionados en campaña política, falta de controles y sanciones al financiamiento ilícito, y redes del crimen organizado que luego ganaron influencia en las decisiones del país, terminaron por ‘socavar la democracia’ según el informe “Financiamiento de la Política en Guatemala”, publicado por Cicig en 2015.

“El dinero ilícito, que mayoritariamente alimenta las campañas electorales, genera un círculo vicioso que afecta a la política, la economía y la sociedad en su conjunto” sentencia el Informe.

Manfredo Marroquín, presidente del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, dijo a REFORMA que “ha sido la necesidad de conseguir ese dinero, sin controles efectivos de parte de la autoridad electoral, la que llevó a los partidos políticos a ligarse con el crimen organizado y a perseguir como objetivo, jugosos negocios con los recursos de la administración pública”.

“La mezcla entre crimen y corrupción se convierten en la razón de ser de los partidos más notorios que nacen desde el 2000 en Guatemala” explica el politólogo Renzo Rosal. Desde que regresó la democracia en 1985, el país ha visto más de 50 partidos políticos, de los cuales 35 ya no existen.

Al ser el punto donde confluyen redes criminales, se recibe dinero ilícito y se coopta el Estado una vez en el poder, un “sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado los partidos, (de manera que) su fortaleza no depende de su programa político, sino de la posibilidad de atraer financistas/candidatos” sentencia el informe de Cicig.

Rosal añade que “las contabilidades de los partidos son débiles, sin control real y permanente del Tribunal Supremo Electoral, cuyo trabajo consiste en la revisión documental y no en la fiscalización”. Todo esto provocó, según Marroquín, que se “abandonaran los objetivos políticos y de gobierno, y los partidos se dedicaran de lleno a la agenda de negocios”.

La Cicig ya había denunciado casos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en 2015 por funcionarios del partido que llevó al poder a Álvaro Colom, (Unidad Nacional de la Esperanza), y la participación de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección.

 

Las reformas –que obligan a los partidos a mantener registros contables y al TSE a ejercer mayor fiscalización de los recursos– se podrán a prueba en las Elecciones del 2019, concluye Rosal.

PDF Reforma - Partidos Políticos-001

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