Reconocer la Justicia Indígena desde la Constitución misma, es un tema que divide a Guatemala. En 1999 se intentó hacer la Reforma, pero el proceso fracasó. Hoy, 17 años después, un sector de la sociedad abraza la idea del pluralismo jurídico, y otro, mantiene los temores de entonces.
Juan Manuel Fernández Cervantes
“Lo hice porque no tenía para darle de comer a mis hijos”. A punto de comenzar la mediación en un Tribunal Indígena, una mujer espera la decisión del alcalde comunitario en el departamento de Quiché (noroccidente de Guatemala).
Su delito fue el intento de robo de una gallina. Ella explica al tribunal que su marido los abandonó a ella y a su familia. Ese mismo día, la mujer que robó para dar de comer a sus hijos fue absuelta; en cambio, su marido, el padre de sus hijos, fue condenado a pagar la multa por el robo de la gallina, y obligado a pagar pensión alimenticia a su familia.
El Derecho Indígena determinó que la mujer se vio obligada a robar para dar de comer a sus hijos, por el abandono e irresponsabilidad del hombre. Por eso se le condenó a él. Casos como este conforman la justicia indígena, un sistema que ha regido en Guatemala como una práctica ancestral, aplicada únicamente en las comunidades donde hay autoridades indígenas constituidas.
Según la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), 44 municipios de 12 departamentos del país, están organizados con autoridad indígena. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la suma de población estimada en estos 44 municipios para 2016, es de al menos 2.4 millones de guatemaltecos, el 15% de la población total del país.
Fuente: AGAAI para Plaza Pública
Guatemala no es aún un Estado Plural. Es decir, solo reconoce el sistema de justicia oficial, que rige a través del Poder Judicial. Aun así, en el país hay pluralismo jurídico, porque esos 2 millones de guatemaltecos, avalan y legitiman su propio sistema comunitario de leyes.
El 2016 reabrió el debate sobre si incluir o no, dentro de la Constitución Política, el reconocimiento de la Justicia Indígena, y reavivó con ello, muchas de las diferencias sociales que rigen desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en 1996. El análisis arroja al menos 4 conclusiones.
Los indígenas confían más en su justicia que en la oficial
Primero que todo, para la escritora guatemalteca Anabella Giracca, la justicia indígena es “un conjunto de normas cimentadas en prácticas culturales con el fin de regular la vida social de un pueblo. Para comprenderla, hay que comprender primero la cultura indígena”.
Visité Totonicapán, uno de los departamentos mejor organizados y con población mayoritariamente indígena. Irma Gutiérrez, la vicepresidenta de la Junta Directiva de los 48 cantones, me confirma que las autoridades indígenas resuelven casos leves, como mediación de tierras, violencia intrafamiliar o robos. Los casos llamados de “alta peligrosidad” como narcotráfico, secuestros, homicidios, o ataques con arma blanca, se transfieren al sistema oficial.
Irma Gutiérrez
“Las personas prefieren acudir a los alcaldes comunales para solucionar sus problemas, antes que a las instancias judiciales. Confían en ellos, porque el proceso es rápido y ágil. Además, no realizan muchos gastos legales”, añade Karen Linares, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Las sanciones que dictan las autoridades indígenas, van desde multas económicas, reparaciones de daños, y disculpas públicas, hasta la expulsión del individuo de la comunidad. Además, llevar un caso ante la justicia indígena no tiene costo, y se hace en la lengua materna del pueblo.
No puede amenazar los derechos humanos
La violación de los derechos humanos fundamentales es uno de los temores latentes por el ejercicio de esa práctica. Particularmente, la creencia de que la justicia indígena incluye sanciones como linchamientos colectivos o azotes a los condenados, preocupa a los opositores.
Pero hay consenso en que los linchamientos no son, ni deben ser, parte de esta práctica. “El linchamiento no es parte de la justicia indígena, esas acciones no van con la cosmovisión maya”, indica Carlos Guarquez, líder nacional de autoridades indígenas.
Eso sí, la justicia indígena no está estandarizada en los 12 departamentos donde funciona, de manera que su implementación dependerá del pueblo, la etnia y la lengua que represente.
Dar azotes como medida de castigo, en cambio, sí es una práctica común en regiones como Santa Cruz del Quiché. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, considera que se debe acordar con las autoridades indígenas, la supresión de prácticas lesivas a los derechos humanos.
No está reconocida ‘explícitamente’ en la Carta Magna
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la discusión de problemáticas indígenas ha llegado al seno de la misma Constitución. El pluralismo jurídico, como tal, ha regresado a estas discusiones, como parte de un extenso paquete de reformas al Sector Justicia.
Puntualmente, se busca añadir un párrafo al Artículo 203 de la Constitución que especifique que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales según sus costumbres, siempre que estas no violen los derechos fundamentales.
Y aunque el pluralismo jurídico no esté explícitamente reconocido en la Carta Magna, como lo dijo el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, la práctica “existió, existe y existirá. Se aplicó, se aplica y se seguirá aplicando”. Aun así, no hay claridad sobre hasta dónde termina la jurisdicción de la autoridad indígena y dónde comienza la del sistema oficial.
Diana De Mata, del bufete Consortium Legal Guatemala, explica que reconocer la justicia indígena en la Carta Magna, implica también reconocer que “el sistema jurídico estatal que conocemos hasta la fecha, ya no es el único válido para los guatemaltecos”.
De reconocerse expresamente la práctica, los abogados consultados coinciden en que será indispensable la elaboración de una Ley Ordinaria, específica, que regule la coordinación y dirima los conflictos entre los dos sistemas (el oficial y el indígena).
Sectores como el empresarial, se han pronunciado en contra del reconocimiento, debido a que, según dicen, la doctrina actual es suficiente. Sin embargo, Pablo Hurtado, abogado de Asies, considera que el reconocimiento es importante, sobre todo “para dar claridad tanto a indígenas como a no indígenas de esa coexistencia de los sistemas, y para que haya certeza jurídica”.
Para que Guatemala llegue a ser un Estado Plural en lo jurídico, además de una ley que regule el tema, requiere el reconocimiento expreso de la coexistencia de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas, en un plano de igualdad, respeto y coordinación, como lo hizo Bolivia en 2009.
No hay consenso para legalizarla
El país ya intentó en mayo de 1999 reformar la Constitución en el punto de pluralismo jurídico –como parte de los Acuerdos de Paz–, pero hubo una fuerte campaña en su contra que se oponía al reconocimiento de Guatemala como un Estado pluricultural, multiétnico y multilingüe.
Hoy, una Secretaría Técnica redacta el proyecto de reforma, y será el Congreso en primer término, y una consulta popular, posteriormente, donde se decida si pasa o no la Reforma.
Lo paradójico aquí es que, así como el reconocimiento del pluralismo jurídico en Guatemala puede ser un gran avance en la integración y conciliación de la población, también puede ser la causa de una mayor desintegración social, lo cual derivaría en una vulneración de derechos humanos.
La especialista peruana en pluralismo jurídico Raquel Yrigoyen, invitó a que “así como las partes se sentaron en la mesa para acordar la paz, ahora deben ser parte del nuevo pacto, pero manteniendo la identidad de pueblos. No necesitamos irnos a la guerra, podemos hacerlo por vías democráticas dentro de la Constitución, y construir una sociedad plural”, manifestó.
Reconocer y legitimar la existencia de una justicia indígena en el país, implica también reconocer y aceptar un antes y un después en la historia jurídica del Estado de Guatemala, y para ello, se requiere un alto grado de compromiso político, según De Mata.
El tema ha sido clave en la construcción de la convivencia social del país, una construcción que no se ha detenido desde la firma de los Acuerdos de Paz, y que probablemente, no se detenga nunca.
Lea aquí el reportaje completo publicado en Plaza Pública.
Fotos: Simone Dalmasssio
Storytelling de negocios 